RADIOGRAFÍA DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO:

Niñas (infancias):

• 2014 – 2023: NNA en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género con un TOTAL APROXIMADO: 1533
• 2020: 15 niñas y adolescentes y 6 menores de 6 años. Al menos 98 NNA en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género. 
• 2021: 11 niñas y adolescentes. Al menos 161 NNA en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género. 
• 2022: 8 niñas y adolescentes. Al menos 245 NNA en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género. 
• 2023: 25 niñas y adolescentes. Al menos 153 en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género. 
• Bebé (de género femenino) de 7 meses en Quinindé, 2022. Su progenitor, quien es policía, pagó para que la asesinaran por no pasar pensión alimenticia.
• Dana Ramos, niña de 8 años en Riobamba, 2024. Su progenitor la secuestra y asesina, también policía, se presume que es por extorsión a la abuela de la niña y por no pasar pensión alimenticia.
• Brianna, niña de 3 años y Génesis, niña de 10 años en Tulcán, 2023. Ex conviviente de su mamá, también asesinada por violencia de género -femicidio-, es el principal sospechoso.

Mujeres en todas sus diversidades:

• 2020: un femicidio cada 72 horas. Fueron 111 muertes violentas de mujeres por razones de género, 6 transfemicidios y 1 por maltrato infantil a una niñA. TOTAL: 118
• 2021: un femicidio cada 44 horas. Fueron 128 muertes violentas de mujeres por razones de género, 8 transfemicidios y 67 por delincuencia organizada. TOTAL: 197
• 2022: un femicidio cada 26 horas. Fueron 134 muertes violentas de mujeres por razones de género, 9 transfemicidios y 189 por delincuencia organizada. TOTAL: 332
• 2023: un femicidio cada 27 horas. Fueron 113 muertes violentas de mujeres por razones de género, 14 transfemicidios y 150 por delincuencia organizada. TOTAL: 277

Violencia política:

• Existe violencia política contra la vicepresidenta  Verónica Abad por parte del Pdte. Daniel Noboa. Quizás no se pueda determinar que es una basada en género; sin embargo, nos preguntamos si el escenario cambiaría frente a una segunda autoridad de género masculino. 
• El asesinato al estilo sicariato de la concejala Diana Carnero en el Cantón Naranjal – Guayas, es un acto deplorable que no solo enluta a su familia y comunidad, sino que también constituye un ataque directo a la democracia y al ejercicio legítimo de la representación política. Este crimen, perpetrado en medio de un estado de excepción militarizado, expone la falacia de un supuesto plan de seguridad vacío y revela la urgente necesidad de políticas efectivas para combatir la violencia en todas sus formas.
• Es fundamental que como sociedad reconozcamos la gravedad de estos acontecimientos y asumamos la responsabilidad colectiva de detener esta espiral de violencia política. No podemos permitirnos ser testigos pasivos de la erosión de nuestras instituciones democráticas ni tolerar que el miedo y la intimidación se conviertan en herramientas comunes en el ejercicio del poder.

Cada acto de violencia política, ya sea directo o indirecto, mina la confianza en nuestras instituciones y socava la participación ciudadana en el proceso democrático. Debemos reafirmar nuestro compromiso con los valores de la democracia, la justicia y el respeto por los derechos humanos, y exigir que quienes ocupan cargos de liderazgo actúen con integridad y responsabilidad.

Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo estos crímenes y que se aplique la justicia de manera transparente y equitativa. Además, es necesario implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia política, incluyendo la promoción de una cultura de diálogo y tolerancia, así como la protección adecuada de los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios.

Solo a través del compromiso activo y la solidaridad colectiva podemos construir una sociedad donde la violencia política sea un triste recuerdo del pasado y donde todas las personas puedan participar libremente en la vida política y social sin temor a represalias. Es hora de unirnos en contra de la violencia y trabajar juntos para construir un futuro más justo y pacífico para todos.

Violencia estructural:

• El Ejecutivo y la Asamblea Nacional constantemente emiten actos normativos que vulneran los derechos de todes, pero en especial, a quienes sostienen la economía circular y las tareas de cuidado. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se ven constantemente afectados por las prácticas en contra de la economía de las personas menos favorecidas. Sean por decisiones respecto a tributos o por reformas laborales que terminan precarizando la vida aún más.
• El Ejecutivo y sus estados de excepción sin una estrategia real de seguridad donde las personas más invisibles para los ojos del poder seamos el centro de la atención y diseño de las políticas públicas. Una ciudad segura para una niña, es un lugar seguro para todes.
• La Asamblea con las reformas al COIP que permitirá impunidad sobre casos de femicidios, que no quiere incluir el tipo penal de feminicidio cuando los números demuestran la responsabilidad estatal por acción y omisión al no asegurarnos una vida libre de violencias.

Si observamos los datos que han sido extraídos de la página de la Fundación Aldea -quienes hacen un trabajo arduo para visibilizar las violencias sobre los cuerpos feminizados y de las infancias-, son solo ejemplos porque reconocemos y denunciamos que siempre existirá un sub registro al no contar con una sistematización nacional de las desapariciones y delitos en materia de género, luego, porque es casi imposible acceder al sistema de justicia.

El acceso a la justicia es cada vez más inhumano y para sostener un proceso legal  se necesitan recursos financieros, pero también “sociales” para generar incidencia en la rapidez de los casos. Sobre la violencia política, es importante destacar que la discriminación y la intimidación dentro de la esfera política no solo vulneran los derechos de las personas involucradas, sino que también debilitan la institucionalidad democrática y el funcionamiento adecuado del Estado.

Nuestro compromiso con la justicia, la igualdad y los cuidados nos impulsa a actuar, a levantar la voz y a trabajar incansablemente por un futuro más justo, seguro y empático. Con estos datos, una vez más hacemos un llamado a quienes quieran ser parte de la reconstrucción social, de la unificación del tejido social, de la erradicación de las violencias y de ejercer la vida desde cada espacio con #TernuraRadical.

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El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto indirecto sobre el consumo derivado de la compra de bienes o de servicios profesionales. Es un impuesto que repercute sobre el consumidor o la consumidora final.

El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto que grava el valor de la transferencia o importación local de bienes muebles, en todas las etapas de su comercialización, y sobre el valor de los servicios prestados. El IVA lo deben pagar todas las personas y empresas que presten servicios y transporten o importen bienes.

Es decir, que no se calcula con base en los ingresos de los contribuyentes de forma directa, si no con base en el costo del producto que cada consumidor paga de acuerdo con la legislación vigente, las personas físicas y morales, que están obligadas a pagar IVA, son quienes realizan las siguientes actividades comerciales: a) enajenación de bienes, es decir, venta y adquisición de productos; b) prestación de servicios de forma independiente; c) arrendamiento de bienes; y, d) importación de bienes o servicios.

El incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un país puede ser una medida tomada por el gobierno para aumentar los ingresos fiscales y reducir el déficit presupuestario. Sin embargo, es importante señalar que el incremento del IVA puede tener implicaciones directas en el costo de vida de la población, especialmente en los productos y servicios de consumo diario.

En Ecuador, se debate la posibilidad de incrementar tres puntos porcentuales el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, en teoría, con el fin de coadyuvar el enfrentamiento al conflicto armado interno, la crisis social y económica. Si esto se aprueba, entraría en vigencia. el 1 de marzo de 2024.

Pero, ¿qué pasará si el IVA aumenta con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las Mujeres en Ecuador ?

Más allá de un estereotipo, en nuestra realidad que una gran parte de las mujeres ecuatorianas son las principales proveedoras y lideresas de los hogares monoparentales, aquellas mujeres que valientemente –porque sus responsabilidades no son renunciables- son uno de los grupos que se podrán ver más afectados por el aumento del IVA, pues esta medida no solo hará que la vida se encarezca sino que ocasiona un mayor desequilibrio entre el trabajo doméstico –las tareas de cuidado- y sus actividades productivas para llegar a fin de mes.

Para Naciones Unidas Ecuador, en su revista Perfil de País ECUADOR, según Igualdad de Género, manifiesta que, de conformidad con el INEC, (2022) la Población económicamente activa (PEA), que cuenta con un trabajo adecuado en Ecuador, es del 33.9% hasta diciembre del 2021; sin embargo, para diciembre del año 2019, se contaba con el 38.8% y para el año 2014, fue el máximo alcanzado, con un porcentaje del 49.3%. En este contexto la tendencia de deterioro del mercado laboral trae consigo desigualdades de género estructurales (Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, 2022).

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador a través del Instituto de Investigaciones Económicas [PUCE-IIE], (2022, citado por Perfil ECUADOR, 2022), señala que entre el 83% y el 85% de niñas y niños indígenas se encuentran en situación de pobreza multidimensional, siendo el grupo poblacional más empobrecido del país. Referente a personas adultas mayores, el porcentaje de mujeres en situación de pobreza multidimensional es del 58,4%, 52,5% y 20,6% para el caso de montubias, indígenas y afroecuatorianas, respectivamente, mientras que para hombres es el 50,2%, 42,2% y 18% referidos a estos grupos PUCE-IIE, (2022, citados por Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, 2022). Con lo que se evidencia una marcada brecha de género en cuanto al nivel de empobrecimiento y la vulnerabilidad de personas mayores de 65 años.

En situación de pobreza por ingreso económico, se observa un incremento a partir de 2018,  se acelera en 2020 durante la pandemia, luego desciende hasta el 27,7% en 2021. Una vez más, el nivel de pobreza es significativamente mayor en el área rural. Así también la presencia de mujeres en hogares pobres, tiene una incidencia del 28,5% en comparación con el 26,8% en los hombres. El empobrecimiento para el caso de mujeres indígenas y de niñas y adolescentes alcanza el 58% y el 38,4% respectivamente (Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, 2022).

Si bien es cierto que el incremento del impuesto al valor agregado IVA se lo realiza al combustible, muchas de las veces, se ve ampliado hasta los productos de primera necesidad de la canasta básica, lo que causa que las personas que tienen menores ingresos o que se encuentren en estado de pobreza y desempleo, en donde se incluyen a las mujeres, que soportan una carga de tributación mayor, afecte en menoscabar a estos sectores, que presentan mayor vulnerabilidad  y por ende a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con perspectiva de género.

El IVA lo pagamos todas las personas que consumimos un bien o servicio indistintamente sea cual sea su situación económica, por tanto, el IVA es altamente regresivo y no deseado por parte de la población de bajos recursos económicos (Chamba et al., 2019). Para Chamba et al., (2019) este impuesto resulta de fácil recaudación y difícilmente efectivo en el beneficio de la política tributaria, no permite ejecutar una efectiva redistribución de la riqueza. 

Para Chamba et al., (2019) considera que, quien a la final termina pagando este impuesto es el consumidor que en su mayoría es del sector más desfavorecido ya que el intermediario cuenta y lo cubre con el crédito tributario.

En definitiva, El IVA es regresivo en razón de que son las personas de familias de menor ingreso donde se incluyen las mujeres, por su alto porcentaje de incidencia, las que deben destinar gran parte de sus ingresos ajustados para la adquisición de bienes y servicios de consumo, mientras que para los más pudientes les permite ahorrar y acumular riqueza. Así también el IVA es un impuesto indirecto lo paga el consumidor y lo recibe el vendedor. Lo que determina que este impuesto es regresivo e indirecto (Chamba et al., 2019).

Cabe señalar que el incremento del IVA menoscaba los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) con perspectiva de género, en razón de que no cumple con lo que establece la Constitución del 2008, la que en su art. 300 dice claramente textualmente: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”.

• Desventajas Adicionales: Las personas con discapacidad, especialmente aquellas que enfrentan perjuicios adicionales a razón de su género, pueden verse afectadas de manera desproporcionada por cambios en la carga tributaria. El aumento del IVA podría impactar negativamente a las DESCA que dependen de servicios y productos gravados con este impuesto.
• Acceso a Bienes y Servicios: Las DESCA pueden requerir servicios de salud, medicamentos, dispositivos de asistencia y otros bienes específicos. Si el IVA aumenta, el costo de estos productos y servicios también podría incrementarse, dificultando su acceso.

Algo que no se está considerando en la política fiscal del país, es la perspectiva de género para generar una verdadera equidad social. Los DESCA, en particular, pueden enfrentar barreras adicionales debido a su género, como la discriminación en el acceso a empleo, educación y servicios. Cualquier medida fiscal debe tener en cuenta estas desigualdades y garantizar que no se profundicen.

A menudo, las mujeres y las personas de género no conforme experimentan mayores niveles de pobreza y desigualdad, por lo que cualquier aumento en el costo de bienes y servicios puede impactar negativamente su situación. Es importante considerar el impacto de las políticas fiscales en todos los grupos de la sociedad, incluyendo aquellos con perspectiva de género, y buscar formas de mitigar cualquier efecto negativo.

El aumento del IVA en Ecuador tiene implicaciones tanto económicas como sociales, y es crucial que se evalúe su impacto específico en las personas con discapacidad, especialmente desde una perspectiva de género.

Bibliografía

Chamba, L., Colcha, R., Moreno, M. D. C., & Gavilanes, M. (2019). Aporte del IVA a la economía del Ecuador e influencia en la generación de nuevos proyectos de inversión. Visionario Digital, 3(3), 337–347. https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v3i3.889

Sistema de Naciones Unidas en Ecuador. (2022). Perfil de País según Igualdad de Género. Onu, 64.

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La creciente ola de violencia e inseguridad en el territorio ecuatoriano ha provisto de un sinnúmero de actos que atentan contra la integridad y dignidad de las personas que habitan y transitan en Ecuador. Hacemos un llamado al Estado para el establecimiento de políticas públicas que efectivicen el respeto hacia los derechos constitucionales de todas las personas y el restablecimiento del orden público.

Personas que no son parte de grupos delictivos son víctimas colaterales de la situación actual del país y en este contexto es importante mencionar que quienes prestan sus servicios al Estado también suelen ser afectados en el intento de proveer seguridad. Como lo sabemos, varios guías penitenciarios, así como policías, fueron retenidos en algunos CRS del país. Ellos son víctimas de tratos inhumanos y degradantes y en este caso, el Estado también es garante de estos funcionarios.

Pero, ¿cuál es la situación de las personas privadas de libertad (PPL) y los guías penitenciarios en Ecuador?

El enfoque de seguridad humana sobre las personas en privación de libertad (PPL) y las personas guías penitenciarias se basa en la premisa de que la seguridad es un concepto integral que incluye no sólo la protección física de las personas, sino también su bienestar psicológico, emocional y social.

Para cumplir con esta premisa es necesario que los centros de rehabilitación social adopten prácticas basadas en la integridad, dignidad y el respeto por los derechos humanos de quienes prestan servicios allí y asegurar que quienes son parte del Estado cumplan este servicio de manera diligente y ética apegados al marco de los DDHH.  Además, se debe mejorar la comunicación y la colaboración entre las personas guías y las PPL, lo que significa que se debe llevar a cabo una comunicación efectiva y transparente.

Los guías penitenciarios están expuestos a la violencia de las bandas criminales, que los amenazan y los extorsionan. También son víctimas de agresiones físicas y verbales por parte de los PPL.

Los guías penitenciarios reciben un salario bajo y tienen condiciones de trabajo precarias. Además, carecen de la formación y el equipo necesario para desempeñar su labor de manera segura y eficiente.

Derechos vulnerados: la situación de las PPL y los guías penitenciarios en Ecuador vulnera una serie de derechos humanos, entre los que se encuentran:

• El derecho a la vida: Las PPL y los guías penitenciarios son víctimas de violencia, que en algunos casos ha terminado en muerte.
• El derecho a la integridad personal: Las PPL y los guías penitenciarios son víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• El derecho a la salud: Las PPL y los guías penitenciarios no tienen acceso a atención médica adecuada.
• El derecho a la educación: Las PPL no tienen acceso a educación formal ni a capacitación laboral.
• El derecho al trabajo: Las PPL no tienen acceso a un trabajo digno y remunerado.

Conclusiones

La situación de los guías penitenciarios en Ecuador atraviesa una grave crisis de contención, y a pesar que se exige una depuración para valorar a quienes están trabajando bajo las líneas de la ética y los estándares en material de rehabilitación social, también es necesario regresar a observar la obligación que tiene el Estado con sus propios servidores/as públicos/as respecto al servicio que brindan. 

Recomendaciones

• Reducir el hacinamiento: El gobierno debe tomar medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, lo que permitiría mejorar las condiciones de las PPL y el trabajo de las y los guías.
• Fortalecer la seguridad: El gobierno debe retomar la seguridad en las cárceles bajo los principios y estándares de rehabilitación social estableciendo protocolos socializados con las y los guías y también capacitándoles de manera regular.
• Prevenir la corrupción: El gobierno debe tomar medidas para prevenir la corrupción en las y los servidores de los centros de rehabilitación social y establecer prácticas de ética pública.
• Mejorar las condiciones de trabajo: El gobierno debe mejorar las condiciones de trabajo de las y los guías penitenciarios, lo que les permitiría desempeñar su labor de manera más segura y eficiente.

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1 PhD en Estudios Sociojurídicos. Becaria de investigación del Leverhulme Trust en la Escuela de derecho de la Universidad de Birmingham, Reino Unido.

Intentar hacer un balance del 2023, desde una perspectiva feminista anticolonial, frente a la violencia extrema que hemos atestiguado en Ecuador y en todo el mundo, es doloroso. La urgencia y las encrucijadas a las que nos arroja la guerra —entre pueblos, entre estados, entre el poder legal e ilegal— desplazan temas fundamentales, como la implacable (aunque evitable) crisis climática. A corto, mediano y largo plazo, este problema fundamental afectará de forma diferenciada a las mujeres más excluidas.
Además de la violencia sufrida directamente por quienes viven en sus cuerpos la guerra, el despojo y el exterminio —nuevamente, de forma desproporcionada, las mujeres y otras personas subalternizadas—, hemos sentido una ola de censura que promueve la normalización del pensamiento conservador. Expresiones de solidaridad con Palestina, por ejemplo, han sido acalladas incluso en centros académicos cuya carta de presentación ha sido el pensamiento crítico y la inclusión.
En medio de todo, para la ciudadanía es difícil discernir y tomar partido debido a las ráfagas de información caótica que llegan a través de redes sociales, prensa comercial, grupos de mensajería y archivos de imagen alterados una y mil veces. Esto causa rupturas que nos privan de la posibilidad de vivir en una realidad común: una cosa es tener opiniones distintas frente a los mismos hechos y otra es vivir en burbujas incomunicadas donde, dentro de una, lo que se asume como cierto es irreconciliable con lo de la otra. Algunas de esas burbujas son trinchera de ideologías violentas, como la de los “incels” (hombres que perpetúan la misoginia) y otros grupos que promueven el odio y pagan publicidad en redes para alimentar sus cámaras de eco. El modelo de negocio de las plataformas que dependen de nuestra permanencia en ellas sobrevive a través de la perpetuación de la violencia y nuestro sesgo de confirmación.
Estas fragmentaciones se pueden profundizar más a futuro, con el fortalecimiento de las capacidades de la inteligencia artificial (IA). Como ha ocurrido con otras tecnologías que albergan promesas de beneficiar al bienestar de los pueblos, la IA ya nos está mostrando que la carrera por el poder es lo que finalmente le dará forma a cualquier herramienta. Además de las especulaciones que podemos hacer sobre lo que la IA podría crear, la brecha tecnológica y de la información también agravará las desigualdades entre las personas, los grupos y los países más prósperos, y aquellos que son sistemáticamente despojados. Asimismo, el poder y los recursos están cada vez en menos manos. Ya no serán los estados los que mueven los hilos y pueden considerarse “potencias”. Seguramente, en poco tiempo, esa etiqueta será para corporaciones privadas que no están interesadas en proveer seguridad social o facilitar la redistribución económica y política.
Ya en el ámbito ecuatoriano, el año cierra como uno de los más violentos de la historia. Hemos confirmado lo que suponíamos: casi no quedan ámbitos de la gobernanza que no hayan sido infiltrados por el crimen organizado local que a su vez obedece a las élites transnacionales del poder mafioso, patriarcal y racista. Las masacres carcelarias que deshumanizan a cientos de personas continúan, familias enteras y hasta infantes son violentamente exterminados. Los feminicidios aumentan sin control. La violencia xenófoba emerge como una forma execrable de responder al miedo al que viven sometidas las comunidades. Y en ese contexto, la espectacularización de la política, la justicia y la gobernanza, soslaya otras cuestiones de fondo, por ejemplo, la promulgación de una ley que privilegia en lo tributario y arancelario a las elites que ya acaparan recursos, y aplana el terreno para las privatizaciones y la precarización laboral. Ésta, previsiblemente, afectará en mayor proporción a las mujeres. Es tan vertiginoso el ritmo de los acontecimientos, que en cuestión de días olvidaremos lo está pendiente —incluso las cuentas por rendir del gobierno anterior, impopular e interrogado por sus posibles vinculaciones con redes de corrupción y mafias.
Con estos ejemplos de los retos y obstáculos que se nos presentan, es muy difícil ser optimista. Pero quizá la primera forma de resistencia puede ser inmediata: rechazar la atomización y el hiperindividualismo exacerbados en las cámaras de eco de las redes sociales, crear y mantener espacios de deliberación colectiva y cuidados compartidos, salir de la zona de confort para construir comunidad. Seguirle el juego a los algoritmos que no solo nos venden cosas, sino que le dan forma a nuestras mentes, es arriesgarse a ser un mero ente consumidor, con debilitadas destrezas afectivas y pocas opciones para formar redes de solidaridad y auxilio mutuo. Frente a la pesadilla, reconocer que la autosuficiencia es un mito. Frente a la frustración, abrir el corazón y la cabeza a la posibilidad de cuestionar lo que creemos sobre el mundo y las causas del dolor y la desigualdad. Frente a la incertidumbre, la esperanza de que una conversación cómplice sea semilla de la imaginación revolucionaria.

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¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en suicidio?, la respuesta más común incluye una serie de trastornos mentales, desde depresión hasta bipolaridad, algunos lo atribuyen a decepciones amorosas o deudas impagables, pero hay poco conocimiento de los factores intrínsecos que llevan a una persona a tomar tal decisión. Los mitos se encuentran a la orden del día: “Quién se quiere suicidar no avisa”, “Solo las personas con trastornos mentales y débiles se suicidan” y de esa manera se pospone un análisis profundo y un tratamiento como problema de salud pública. 

El Ministerio de Salud reportó a julio del 2023, que en el Ecuador, más de 1000 personas mueren al año por heridas autoinflingidas y se calcula que por cada suicidio registrado hay cerca de 20 intentos, cifras que nos llevan a pensar que hay mucho por hacer. Lo que creemos saber del suicidio está lejos de ser la realidad. Lo cierto es que cualquier persona puede sentir, en determinado momento de su vida, que pierde el sentido de la existencia y por tanto recurrir a la muerte como una solución. No necesita como requisito tener comorbilidades psicológicas o psiquiátricas, sino presentar una serie de factores que confluyan y se transformen en un riesgo para la persona. 

Desde un enfoque psicosocial, el suicidio se plantea como la expresión de un acto individual gestado en la dinámica de esa persona con el mundo que le rodea, en donde pueden intervenir factores sociales en la construcción y significación del acto, tomándose en consideración los siguientes aspectos: Identificación de señales (advertencias), factores de riesgo y de protección, es decir, que para entender el suicidio habría que analizar estos factores individuales pero también el contexto social y cultural, la interacción del sujeto con su universo (barrio, trabajo, ciudad, país).

En cuanto a la identificación de advertencias, no se trata únicamente de las más visibles, como el cutting, la planeación suicida o las despedidas como: testamentos o cartas a sus seres queridos, que por supuesto son de alto riesgo; sino también evidenciar aquellas que a veces son imperceptibles o hasta normalizadas en nuestro día a día, como por ejemplo un adolescente repitiendo que se va suicidar o que ya no quiere vivir, “a manera de broma”, puesto que las amenazas, gestos y palabras deben ser consideradas como un indicador de malestar, que de no ser tratado a tiempo podría desencadenar en ideación autolítica. De igual forma las expresiones verbales de desesperanza, impotencia, irritabilidad, tristeza, junto con otras alteraciones de la cotidianidad, tales como pérdida de sueño, disminución del apetito, bajo rendimiento académico o laboral y en la mayoría de casos, retraimiento social. 

Las advertencias incluyen además de las expresiones verbales y comportamentales, la existencia de artefactos que puedan causar lesiones, finalmente, todo lo relacionado con las ideas de muerte, ya sea por medios escritos, dibujos, publicaciones en línea acerca de la muerte o el suicidio; escuchar música o visitar sitios web relacionados con el tema. 

En cuanto a los factores de riesgo, tenemos una amplia gama de escenarios, desde la historia familiar, niñez, adolescencia, patrones de crianza, violencia intrafamiliar y ahora sí, tomar en consideración problemas psicológicos tales como depresión, ansiedad o algún diagnóstico médico o psicológico previo. La presencia de cutting, intentos autolíticos, consumo problemático de drogas y alcohol, cambios bruscos de humor y propensión a la impulsividad al momento de resolver problemas, son señales que también hay que considerarlas.. 

Finalmente, entendemos los factores de protección como los recursos de personalidad, familiares, económicos, ambientales, sociales, que ayudan a una persona a disminuir la propensión a desarrollar ideación autolítica o en caso de presentarla, tener un soporte adecuado para afrontar situaciones adversas.

Lo que creemos saber del suicidio podría parecer insuficiente y para entenderlo hay que empezar por destruir mitos, cambiar la visión reduccionista del trastorno mental y dejar de cuestionar al sujeto por sus ideas de muerte, tildándolo de “flojo” o “de cristal” y en su lugar, preguntarnos como personas y también como sociedad si respondemos empáticamente a ese amigo/a, pareja, compañero de trabajo o familiar que nos necesita y puede estar sufriendo en silencio. 

Una palabra cuenta, el acompañamiento reconforta, pero las acciones concretas salvan vidas. 

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