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En las últimas décadas, América Latina ha experimentado avances democráticos significativos, con la consolidación de instituciones políticas y la participación de la ciudadanía en elecciones periódicas incluyendo la paridad como mecanismo de reivindicación de las mujeres y las diversidades. Sin embargo, este progreso se ha visto amenazado por la creciente inseguridad, el crimen organizado y la violencia, fenómenos que han socavado la gobernabilidad y los principios democráticos en varios países de la región. Ecuador, un país que ha vivido un proceso de democratización desde los años 80, no ha sido inmune a esta realidad. La inseguridad ha generado una crisis en la democracia ecuatoriana, debilitando la confianza en las instituciones y limitando la participación ciudadana. Este blog explora cómo la inseguridad ha afectado a la democracia en Ecuador y América Latina, y qué medidas podrían tomarse para revertir esta tendencia. Inseguridad: Un fenómeno creciente en Ecuador Ecuador ha experimentado un incremento significativo en los niveles de inseguridad en los últimos años, especialmente en la región costera de Guayas, que alberga a la ciudad de Guayaquil. Según el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 3,500 homicidios en el país, un aumento de casi el 50% respecto al año anterior (Ministerio del Interior, 2023). Este crecimiento de la violencia ha sido atribuido en gran parte al narcotráfico y al crimen organizado, que utilizan a Ecuador como un punto clave en las rutas de tráfico de drogas desde Sudamérica hacia los mercados internacionales. La inseguridad no solo ha incrementado las tasas de homicidios, sino que también ha afectado otros aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos y en este contexto, las comunidades más vulnerables se encuentran en una situación de creciente indefensión, lo que genera una percepción generalizada de que el Estado ha perdido el control sobre la seguridad pública (Salazar, 2022). La relación entre inseguridad y la crisis democrática El aumento de la inseguridad tiene implicaciones profundas para la democracia en Ecuador. Según el Latinobarómetro (2021), uno de los factores que más incide en la insatisfacción con la democracia en América Latina es la percepción de inseguridad. En Ecuador, solo el 30% de los ciudadanos expresó confianza en las instituciones democráticas en 2021, un nivel alarmantemente bajo para un país que, hasta hace poco, era considerado un ejemplo de estabilidad política en la región (Corporación Latinobarómetro, 2021). La inseguridad afecta la democracia de varias maneras. En primer lugar, limita la capacidad de la ciudadanía para participar activamente en la vida política. El miedo a la violencia restringe la movilidad y disuade a las personas de asistir a manifestaciones, reuniones políticas y otros eventos públicos. Además, el incremento de la violencia ha llevado a un aumento de la militarización y las políticas de “mano dura”, lo que en ocasiones ha derivado en abusos de poder y violaciones a los derechos humanos (CEPAL, 2022). En segundo lugar, la inseguridad contribuye a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas cuestionando hasta qué punto podemos continuar llamándonos Estado-Nación en un país donde llevamos más de un año en Estado de excepción y donde constantemente se quiebra el orden de la cultura de la legalidad e integridad. Cuando el Estado es percibido como incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, aumenta el riesgo de que sectores de la población busquen soluciones autoritarias para resolver el problema. Esta tendencia ha sido observada en varios países de la región, donde el descontento con la democracia ha llevado al ascenso de líderes populistas que prometen mano dura contra el crimen, a menudo a costa de los derechos fundamentales (Levitsky & Ziblatt, 2018). El impacto del crimen organizado en las instituciones democráticas El crimen organizado es otro de los factores que ha exacerbado la crisis de inseguridad y democracia en Ecuador. Las organizaciones delictivas no solo ejercen control sobre territorios específicos, sino que también corrompen las instituciones estatales a través del soborno y la cooptación. Según Transparencia Internacional (2022), el crimen organizado ha infiltrado sectores clave del aparato estatal en Ecuador, incluyendo a la policía y al sistema judicial, lo que ha debilitado el estado de derecho y la credibilidad de las instituciones democráticas. En este contexto, la violencia política se ha convertido en una amenaza creciente. Durante las elecciones locales de 2023, varios candidatos fueron asesinados en medio de la campaña electoral, en lo que se interpretó como una advertencia de las organizaciones criminales hacia aquellos que no cooperaban con sus intereses (El Universo, 2023). La violencia política es un síntoma de la descomposición del sistema democrático y refleja cómo la inseguridad puede ser utilizada como una herramienta para socavar el proceso electoral y restringir la competencia política. Actualmente podemos observar cómo la violencia política ya no es solo basado en género; sin embargo, este sigue siendo un factor importante de considerar para establecer un sistema de prevención y protección efectivo. Datos sobre jóvenes y democracia y desigualdad: Soluciones para fortalecer la democracia frente a la inseguridad Frente a este panorama, es fundamental implementar una serie de reformas para abordar tanto la inseguridad como la crisis democrática. En primer lugar, se debe fortalecer el Estado de derecho(s) mediante una reforma profunda de los procesos organizacionales porque las reformas judiciales o normativas no son suficientes cuando la corrupción está enraizada como cultura organizacional, cuando no se cuentan con mecanismos efectivos de evaluación de procesos y cuando el proceso en sí mismo es corruptible porque carece de tecnicismos para la prevención de la corrupción. En segundo lugar, es esencial promover políticas de seguridad ciudadana con base en los principios de seguridad humana debido a que no estamos en un estado inicial de inseguridad sino que vivimos una captación de la paz y las democracias. Estas políticas no deben centrarse exclusivamente en la militarización, sino que también aborden las causas estructurales de la violencia y en las responsabilidades en el ámbito social. Esto incluye invertir en educación, salud y empleo, especialmente en las comunidades más vulnerables al crimen organizado. El enfoque preventivo ha demostrado ser