El Ecuador, en los últimos años, ha vivido una alarmante escalada de violencia que ha sacudido los cimientos de la sociedad. En el año 2021, el país se estremeció con una serie de eventos violentos que tuvieron lugar en las mega cárceles, dejando un saldo de ocho incidentes sangrientos y la trágica pérdida de 316 vidas (Rueda & Ruiz, 2022).

La excepcionalidad que una vez caracterizó a Ecuador en términos de seguridad ciudadana se ha desvanecido rápidamente. En este sentido, las ciudades cobran una real importancia en la forma en que se aborda a las ciudades en temas de seguridad. Estas representan un conjunto espaciotemporal de multicapas que difícilmente se pueden gestionar con los instrumentos tradicionales de la planificación urbana. Son necesarias nuevas herramientas que tengan en cuenta que el espacio urbano no es sólo un espacio construido, sino también un enredo de relaciones sociales y económicas, políticas y administrativas, caracterizadas por la volatilidad, la inestabilidad, la temporalidad y las tensiones sociales, ahora también a la digitalización y a la brecha digital (Quintanilla, 2022). La forma en que se planifica el espacio público, considerando la apropiación del espacio y el derecho a participar son pilares para que una ciudad sea más segura para todos y todas.

Para el caso de las mujeres, con frecuencia, el contexto de la ciudad, las imita en el uso del espacio y su participación en el ámbito privado y público. Por tanto, es esencial el análisis de las relaciones de poder en ambas esferas que, a su vez, restringen el sentido de pertenencia, de libre movimiento y uso del espacio de grupos vulnerables.

Purcell, (2003) explica la existencia de dos derechos fundamentales basados en el “Derecho a la Ciudad” de Henri Lefebvre, libro publicado en 1969: el derecho a apropiarse de los espacios urbanos, relacionado al uso del espacio, que transforma la ciudad con el “día a día” de sus habitantes. Y el derecho a participar, que implica un rol significativo de las personas en los procesos de toma de decisiones de la creación y transformación del espacio urbano en diferentes escalas.

El enfoque de género induce a analizar las relaciones de poder entre hombres y mujeres con el propósito de reconocer las inequidades e injusticias que se derivan de los patrones culturales establecidos. Estos determinan la subordinación de la mujer y le limitan alcanzar su autonomía. Esta visión es importante incluirla para poder distinguir las formas en las que se utilizan los espacios domésticos y urbanos y las estrategias de apropiación puestas en marcha por sus habitantes, teniendo en cuenta diferentes perfiles de usuario (en función de su edad, diversidad funcional, género, etnia, clase, capacidad económica, etc.). Pues, según las diferencias entre roles y perfiles, el espacio público es usado para diversas actividades.

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Las tragedias en las cárceles revelen una dura realidad del país, el 27 de septiembre de 2021, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) reveló los nombres de los 106 individuos fallecidos en ese fatídico día. Entre los datos más desgarradores se destacó que la abrumadora mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes. Las cárceles ecuatorianas se han convertido en terreno fértil para la proliferación de la delincuencia, donde la falta de políticas efectivas de rehabilitación y reeducación deja a los reclusos atrapados en un ciclo vicioso de extorsión, terror y miedo.

En palabras de Rita Segato, estos espacios se convierten en verdaderas escuelas de violencia (Molina Galarza, 2023). Además de ello, estar en las cárceles no es gratuito, tiene un costo que recae no nicamente en los hombros de los encarcelados, sino también en sus familiares, quienes deben afrontar la abrumadora carga económica asociada; desde $124 hasta $251 eran necesarios para cubrir gastos básicos como alimentos, artículos de aseo e higiene, y una visita al mes (Rueda & Ruiz, 2022). Además, se enfrentan a la presión adicional de procurar recursos o trabajo para garantizar la “seguridad interna” de sus seres queridos tras las rejas. Este peso recae mayoritariamente en mujeres: madres, hermanas, hijas y parejas, en medio de un sistema penitenciario despiadado e injusto.

Según el informe de la Policía Nacional, la infiltración de niños y adolescentes en el mundo del narcotráfico comienza temprano, donde inicialmente se ven atraídos por el consumo de drogas que promete una felicidad instantánea. Posteriormente, una vez adictos a las drogas, son reclutados para participar en el microtráfico, lo que les permite obtener ingresos significativos de hasta 150 a 200 dólares diarios simplemente caminando por las calles, una cantidad que no solo les permite financiar sus adicciones, sino que supera fácilmente el salario básico en Ecuador en menos de dos días (Peñaherrera, 2021).

También, la influencia seductora de las vidas cinematográficas de los “patrones”, “capos”, “padrinos” o “jefes” (Sotomayor Torres, 2014) encuentra su raíz en las características psicopáticas de estos personajes, como lo señala el concepto de homo videns. Esta fascinación por el estilo de vida glamoroso y aparentemente exitoso de los narcotraficantes contribuye a la atracción de los jóvenes hacia este mundo peligroso y
criminal.

El país ha emergido como un objetivo para las mafias albanesas, como señala el diario británico The Telegraph, donde se han reportado la promoción y operación de escuelas de sicarios en lugares como Pascuales, Guayaquil, destinadas a niños desde los 10 años de edad. Estas “escuelas” instruyen a los jóvenes en el manejo de armas, la identificación de objetivos y las técnicas de asesinato (Telegraph, 2022). Los individuos más susceptibles a ser reclutados son aquellos que carecen de estructuras familiares y recursos económicos, lo que los hace más vulnerables a las ofertas de las organizaciones criminales.

Los jóvenes que son adoctrinados en las escuelas de sicariato internalizan una construcción de masculinidad que deshumaniza a las personas y otorga un valor jerárquico a los objetos, los cuales son los únicos considerados relevantes en su escala de prioridades. Se observa un cambio en la construcción de la masculinidad, desplazándose de un ideal de “superhéroe” protector hacia un nuevo modelo de “supercapo” centrado en el individuo, su deseo y su poder. Para estos jóvenes, el líder de la banda se convierte en una figura paternal y el grupo delictivo en una suerte de familia protectora, lo que refuerza aún más su identidad y sus aspiraciones en el mundo del crimen organizado.

La crisis del cuidado en el entorno familiar no solo tiene implicaciones directas en la salud mental individual, sino que también contribuye a la vulnerabilidad de los individuos, especialmente de los niños y adolescentes, quienes buscan en otros lugares, como las pandillas, el cobijo y la protección que no encuentran en el hogar. La búsqueda de identidad y pertenencia lleva a muchos jóvenes a encontrar refugio en las pandillas, donde se les ofrece una sensación de protección que no encuentran en el entorno familiar. Estos grupos delictivos, a menudo liderados por figuras que, mediante el ejercicio del poder, ejercen un rol paternal, llenan el vacío dejado por la ausencia de cuidado y apoyo en el hogar. Sin embargo, esta falsa sensación de seguridad viene acompañada de una adhesión a un sistema de valores distorsionado y peligroso, donde la violencia y la delincuencia se convierten en la norma.

En un entorno donde la corrupción y la violencia son parte cotidiana de la vida, la sensación de falta de esperanza en un futuro mejor se arraiga profundamente en la psique colectiva de los jóvenes envueltos en este mundo. Ante la incertidumbre y la inseguridad, las personas encuentran consuelo y certeza en vivir el momento presente con intensidad, ya que es lo único que parece seguro en un mundo marcado por la volatilidad y el riesgo constante. En este contexto, la figura de los capos del crimen organizado se erige como un símbolo de éxito y poder, a pesar de sus finales trágicos y desfavorables. Aunque muchos de ellos terminan extraditados, asesinados o cumpliendo largas condenas, su capacidad para alcanzar y mantener el poder en un mundo dominado por la corrupción y la violencia es admirada por aquellos que buscan
una salida a su propia desesperanza.

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La seguridad humana se relaciona estrechamente con los conceptos de derechos humanos, desarrollo y seguridad. El término también hace referencia a la noción de “vulnerabilidad mutua”. En este sentido, la reducción del riesgo colectivo debería ser una meta fundamental de la seguridad humana, reconociendo que mientras exista vulnerabilidad en los sectores más desfavorecidos, toda la sociedad permanece en riesgo.

Actualmente, Ecuador enfrenta un contexto de inseguridad evidenciado por las frecuentes declaraciones de estados de excepción como mecanismo para proteger a la población. En este escenario, las mujeres, debido a su condición de género, emergen como un grupo de alta vulnerabilidad y, desde esta perspectiva, demanda la implementación de políticas específicas que aborden su situación y necesidades. Es fundamental adoptar un enfoque integral que aborde las desigualdades de género y promueva la seguridad y el bienestar de todas las mujeres en el Ecuador. Esto implica no solo medidas de protección, sino también iniciativas que fortalezcan la participación y la capacidad de toma de decisiones de las mujeres en la comunidad.

La seguridad humana se compone tanto de la protección como de la potenciación de las personas. Mientras la protección busca aislar a las personas de los peligros, la potenciación les permite alcanzar su máximo potencial y participar plenamente en la toma de decisiones. Ambos aspectos se complementan y son esenciales para garantizar la seguridad integral de las personas. El enfoque de seguridad humana va más allá de la ausencia de conflictos violentos, abordando también los efectos de la violencia indirecta, como la privación de necesidades básicas, las desigualdades sociales y de género, las enfermedades, los desastres naturales y el desplazamiento de poblaciones.

La seguridad ciudadana tiene como base la epistemología de la seguridad humana para bienestar de todas personas (Ruedas 2003). En las reflexiones de los profesionales, se destaca la importancia de una estrecha colaboración entre las dependencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s), la participación activa de la ciudadanía y el involucramiento de otras organizaciones de interés público para garantizar la seguridad ciudadana. Es fundamental que las políticas de seguridad estén orientadas hacia un enfoque humanocentrista, especialmente enfocado en la protección de las mujeres y las niñas, con el objetivo de asegurar la convivencia pacífica tanto en áreas urbanas como rurales. Esto implica crear entornos seguros en las ciudades, donde se busque activamente erradicar cualquier forma de violencia.

Además, es crucial implementar un conjunto de medidas democráticas destinadas a salvaguardar tanto la seguridad de los ciudadanos como la integridad de sus propiedades. En última instancia, el objetivo de la seguridad ciudadana es permitir que las personas vivan libres de temor y amenazas, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de sus derechos humanos.

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