En las últimas décadas, América Latina ha experimentado avances democráticos significativos, con la consolidación de instituciones políticas y la participación de la ciudadanía en elecciones periódicas incluyendo la paridad como mecanismo de reivindicación de las mujeres y las diversidades. Sin embargo, este progreso se ha visto amenazado por la creciente inseguridad, el crimen organizado y la violencia, fenómenos que han socavado la gobernabilidad y los principios democráticos en varios países de la región.

Ecuador, un país que ha vivido un proceso de democratización desde los años 80, no ha sido inmune a esta realidad. La inseguridad ha generado una crisis en la democracia ecuatoriana, debilitando la confianza en las instituciones y limitando la participación ciudadana. Este blog explora cómo la inseguridad ha afectado a la democracia en Ecuador y América Latina, y qué medidas podrían tomarse para revertir esta tendencia.

Inseguridad: Un fenómeno creciente en Ecuador

Ecuador ha experimentado un incremento significativo en los niveles de inseguridad en los últimos años, especialmente en la región costera de Guayas, que alberga a la ciudad de Guayaquil. Según el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 3,500 homicidios en el país, un aumento de casi el 50% respecto al año anterior (Ministerio del Interior, 2023). Este crecimiento de la violencia ha sido atribuido en gran parte al narcotráfico y al crimen organizado, que utilizan a Ecuador como un punto clave en las rutas de tráfico de drogas desde Sudamérica hacia los mercados internacionales.

La inseguridad no solo ha incrementado las tasas de homicidios, sino que también ha afectado otros aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos y en este contexto, las comunidades más vulnerables se encuentran en una situación de creciente indefensión, lo que genera una percepción generalizada de que el Estado ha perdido el control sobre la seguridad pública (Salazar, 2022).

La relación entre inseguridad y la crisis democrática

El aumento de la inseguridad tiene implicaciones profundas para la democracia en Ecuador. Según el Latinobarómetro (2021), uno de los factores que más incide en la insatisfacción con la democracia en América Latina es la percepción de inseguridad. En Ecuador, solo el 30% de los ciudadanos expresó confianza en las instituciones democráticas en 2021, un nivel alarmantemente bajo para un país que, hasta hace poco, era considerado un ejemplo de estabilidad política en la región (Corporación Latinobarómetro, 2021).

La inseguridad afecta la democracia de varias maneras. En primer lugar, limita la capacidad de la ciudadanía para participar activamente en la vida política. El miedo a la violencia restringe la movilidad y disuade a las personas de asistir a manifestaciones, reuniones políticas y otros eventos públicos. Además, el incremento de la violencia ha llevado a un aumento de la militarización y las políticas de “mano dura”, lo que en ocasiones ha derivado en abusos de poder y violaciones a los derechos humanos (CEPAL, 2022).

En segundo lugar, la inseguridad contribuye a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas cuestionando hasta qué punto podemos continuar llamándonos Estado-Nación en un país donde llevamos más de un año en Estado de excepción y donde constantemente se quiebra el orden de la cultura de la legalidad e integridad. Cuando el Estado es percibido como incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, aumenta el riesgo de que sectores de la población busquen soluciones autoritarias para resolver el problema. Esta tendencia ha sido observada en varios países de la región, donde el descontento con la democracia ha llevado al ascenso de líderes populistas que prometen mano dura contra el crimen, a menudo a costa de los derechos fundamentales (Levitsky & Ziblatt, 2018).

El impacto del crimen organizado en las instituciones democráticas

El crimen organizado es otro de los factores que ha exacerbado la crisis de inseguridad y democracia en Ecuador. Las organizaciones delictivas no solo ejercen control sobre territorios específicos, sino que también corrompen las instituciones estatales a través del soborno y la cooptación. Según Transparencia Internacional (2022), el crimen organizado ha infiltrado sectores clave del aparato estatal en Ecuador, incluyendo a la policía y al sistema judicial, lo que ha debilitado el estado de derecho y la credibilidad de las instituciones democráticas.

En este contexto, la violencia política se ha convertido en una amenaza creciente. Durante las elecciones locales de 2023, varios candidatos fueron asesinados en medio de la campaña electoral, en lo que se interpretó como una advertencia de las organizaciones criminales hacia aquellos que no cooperaban con sus intereses (El Universo, 2023). La violencia política es un síntoma de la descomposición del sistema democrático y refleja cómo la inseguridad puede ser utilizada como una herramienta para socavar el proceso electoral y restringir la competencia política. Actualmente podemos observar cómo la violencia política ya no es solo basado en género; sin embargo, este sigue siendo un factor importante de considerar para establecer un sistema de prevención y protección efectivo.

Datos sobre jóvenes y democracia y desigualdad:

1. Jóvenes y Democracia: las juventudes iberoamericanas enfrentan desafíos significativos en la participación plena de sus derechos debido a la persistente desigualdad en múltiples dimensiones. A pesar de esto, las personas jóvenes son vistas como actores clave en la promoción del desarrollo sostenible y la construcción de un futuro más inclusivo y equitativo​. Se observa una clara tendencia de menor afinidad hacia la democracia entre las generaciones más jóvenes en comparación con las personas de mayor edad. Esta brecha sugiere que los regímenes políticos de la región no están logrando fomentar una cultura democrática entre las juventudes. Para fortalecer la calidad de la democracia, es crucial que todos los sectores de la ciudadanía, incluyendo a los jóvenes, estén debidamente representados y que la política responda a sus necesidades​.
2. Desconfianza en las Instituciones: las juventudes en América Latina y el Caribe muestran altos niveles de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y los sistemas políticos. La falta de avances esperados en la mejora de sus condiciones de vida y el cumplimiento de sus derechos básicos genera frustración y desilusión, lo cual impacta negativamente en la estabilidad política y la gobernabilidad de sus comunidades​.
3. Desigualdad entre jóvenes: se destaca que las personas jóvenes en América Latina y el Caribe enfrentan grandes desigualdades relacionadas con su acceso a la educación, al empleo y a servicios de salud. La región presenta una de las tasas de desigualdad más altas del mundo, y muchas personas jóvenes son excluidas del progreso y dejadas atrás sistemáticamente, con sus oportunidades afectadas por factores como el ingreso familiar, la raza, la etnia, la discapacidad, el género y el lugar de residencia​. También hay disparidades en el acceso a servicios de salud y altas tasas de embarazo adolescente en la región​.
4. Impacto en la inclusión económica y social: el bienestar de los jóvenes está relacionado con la erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la creación de sistemas de protección social universales. La inclusión es clave para garantizar que los jóvenes tengan acceso pleno a sus derechos, lo cual es fundamental para reducir las desigualdades económicas y sociales​. Las tasas de desempleo juvenil son tres veces más altas que las de la población adulta. En 2021, la tasa de desempleo juvenil en América Latina y el Caribe fue del 19.2%, afectando más a mujeres jóvenes (23.9%) que a hombres jóvenes (16.1%). Esta situación refleja la influencia de patrones culturales patriarcales y discriminación estructural, especialmente en sectores laborales afectados por la pandemia​.

Soluciones para fortalecer la democracia frente a la inseguridad

Frente a este panorama, es fundamental implementar una serie de reformas para abordar tanto la inseguridad como la crisis democrática. En primer lugar, se debe fortalecer el Estado de derecho(s) mediante una reforma profunda de los procesos organizacionales porque las reformas judiciales o normativas no son suficientes cuando la corrupción está enraizada como cultura organizacional, cuando no se cuentan con mecanismos efectivos de evaluación de procesos y cuando el proceso en sí mismo es corruptible porque carece de tecnicismos para la prevención de la corrupción.

En segundo lugar, es esencial promover políticas de seguridad ciudadana con base en los principios de seguridad humana debido a que no estamos en un estado inicial de inseguridad sino que vivimos una captación de la paz y las democracias. Estas políticas no deben centrarse exclusivamente en la militarización, sino que también aborden las causas estructurales de la violencia y en las responsabilidades en el ámbito social. Esto incluye invertir en educación, salud y empleo, especialmente en las comunidades más vulnerables al crimen organizado. El enfoque preventivo ha demostrado ser más efectivo en otros países de la región, como Colombia, donde las políticas de desarrollo comunitario han reducido los niveles de violencia en ciertas áreas (Ungar, 2019).

Finalmente, es crucial fomentar la participación ciudadana participativa y paritaria en la construcción de políticas de seguridad y fortalecer la sociedad civil como un contrapeso al poder del Estado. La democracia no puede ser sostenida solo desde las instituciones; requiere de un compromiso activo de las y los ciudadanos para vigilar y exigir rendición de cuentas a las autoridades.

Conclusión

La crisis democrática en Ecuador, exacerbada por el fenómeno de la inseguridad, plantea serios desafíos para el futuro del país. El crecimiento de la violencia y el crimen organizado no solo amenaza la seguridad de la ciudadanía, sino que también debilita las instituciones democráticas, erosiona la confianza en el gobierno y limita la participación política. Es urgente que esta crisis se la tome como una oportunidad de cambios estructurales que puedan evaluar los vacíos que han permitido esta crisis y la reforma del sistema gubernamental. Solo a través de una respuesta integral que combine la seguridad con la justicia social, Ecuador podrá superar la crisis y consolidar su democracia desde la cultura de paz y la cultura de legalidad.

Referencias

CEPAL. (2022). Panorama Social de América Latina 2021. https://www.cepal.org

Corporación Latinobarómetro. (2021). Informe Latinobarómetro 2021. https://www.latinobarometro.org

El Universo. (2023). Violencia política durante las elecciones de 2023 en Ecuador. https://www.eluniverso.com

Human Rights Watch. (2023). Ecuador: Abusos de derechos humanos durante el estado de excepción. https://www.hrw.org

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown Publishing Group.

Ministerio del Interior. (2023). Informe de seguridad y criminalidad en Ecuador: Primer semestre 2023. https://www.ministeriodelinterior.gob.ec

Salazar, L. (2022). Inseguridad y violencia en Ecuador: Un análisis del impacto en la gobernabilidad. Revista de Estudios Políticos, 45(2), 98-115.

Transparencia Internacional. (2022). Índice de Percepción de la Corrupción 2022. https://www.transparencia.org

Ungar, M. (2019). Políticas de seguridad y desarrollo en América Latina. Oxford University Press.

OIJ, CAF, & PNUD. (2023). Desafío Gobernabilidad y Juventud en LAC. Serie Desafíos, Cuadernillo 2. https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode

OIJ, CAF, & PNUD. (2023). Desafío Inclusión y Juventud en LAC. Serie Desafíos, Cuadernillo 1. https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode

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Las últimas elecciones en Venezuela, han generado un ambiente de incertidumbre, ira y desesperanza entre la población. El proceso electoral, ampliamente cuestionado por la comunidad internacional y por sectores de la oposición interna, ha reforzado la percepción de que el gobierno continúa consolidando su poder a expensas de la democracia. Esto ha derivado en el incremento de la desconfianza sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas ratificando al mundo la presencia de un Estado autoritario y demagogo. La falta de transparencia y las denuncias de fraude electoral, los abusos de poder, el hermetismo evidente frente a la transparencia y el uso del terror como un recurso desde el Estado han erosionado aún más la fe ciudadana sobre la posibilidad de un retorno pacífico hacia la democracia, profundizando la crisis política, económica y humanitaria que enfrenta el país.

La forma de consolidación del poder por parte del gobierno venezolano podría desencadenar una nueva ola migratoria, exacerbando la ya grave crisis humanitaria en la región. Muchos ciudadanos venezolanos, quienes enfrentan una economía en colapso, escasez de alimentos y medicinas, y una represión política creciente que vuelven a colocar a la migración como su única opción viable y segura. Esto podría incrementar los retos de los países vecinos que ya acogen a millones de ciudadanos venezolanos debido a la necesidad de garantizar su acceso a los sistemas de salud, educación y servicios sociales que en muchos casos ya son insuficientes para los propios nacionales.

Consecuentemente, la región enfrenta retos significativos en términos de integración y manejo de la crisis migratoria. La llegada masiva de personas venezolanos requiere de una coordinación regional más efectiva para proporcionar asistencia humanitaria y asegurar la integración socioeconómica de los migrantes. Los países de acogida necesitan políticas inclusivas que partan desde el enfoque de derechos humanos y que faciliten el acceso al empleo, educación y servicios de salud, mientras se mitiga la xenofobia desde la sensibilización a las poblaciones locales. Sin embargo, es crucial fortalecer los mecanismos de cooperación regional y buscar soluciones diplomáticas para abordar las causas fundamentales de la crisis en Venezuela y prevenir la naturalización del autoritarismo y el uso desmedido del poder en el mundo.

El uso abusivo del autoritarismo sobre las instituciones de la democracia impacta profundamente en la vida de las personas al restringir sus derechos fundamentales y limitar sus libertades individuales sembrando la desesperanza entre la ciudadanía. En este caso, la consolidación del poder a través del autoritarismo y el terror no solo socavan la democracia, sino que también perpetúa la crisis humanitaria y política, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad extrema y sin perspectivas claras de un futuro mejor. Nuestra solidaridad siempre del lado de la verdad, la democracia participativa, el pueblo venezolano, los pueblos migrantes.

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Quiero que pienses por un par de minutos en lo que implica ser migrante.

No te pido que abraces mi pensamiento, no te voy a negar tu derecho a pensar diferente.

Pero regálame un poco de tu comprensión, al menos mientras lees estas palabras.

Imagina que naciste en un lugar por un accidente geográfico. Tus padres vivían en un territorio y desde entonces fuiste “ciudadano” de ese lugar. No me voy a meter en discusiones legales sobre el derecho por sangre. Simplemente pensemos que, por cosas del destino tú naciste en un país y desde entonces estuviste obligado a amarlo, a admirarlo, y a ser parte integra de ese país.

Ahora piensa que ese país a ti no te ama, no te admira, no te considera parte integra. Es más, constantemente te priva de tus derechos, te niega tu bienestar, e incluso abusa de ti. Tú sabes que te mereces más o, al menos, que puedes hacer más para lograr merecerlo. También sabes que, sin importar lo que hagas, tu país, ese que por accidente se te asignó al nacer, no te va a dar la oportunidad, incluso te pueden pasar cosas que te impidan siquiera intentarlo.

Entonces decides buscar un lugar más acogedor. Apelas a construir el futuro que mereces, tu trabajo se vuelve la semilla de que algún día puedas sentirte en paz; la recompensa de haberlo dejado todo atrás.

Extrañas a tu familia, a tus amigos, lo que te hacia ser parte de algo. Hasta los sabores se vuelven extraños. La forma en la que hablas puede incomodar; tu música llegar a molestar. Eres quien eras, pero, al mismo tiempo, dejas de serlo. Vives lo que otros no, y pocos pueden comprender lo que es vivir en tu lugar.

Incluso si te encuentras con tus compatriotas, esos que vivieron el mismo accidente geográfico, y que optaron por seguir la misma ruta que tú, nunca lograrán entender tu realidad. Aunque en ellos encuentras un refugio en el anhelo, en esa búsqueda de no olvidar colores, aromas, sabores y sonidos. También en la esperanza de lograr juntos el futuro que no lograron tener en su país.

Todo se vuelve un gran depende. Todos tienen una historia distinta. Los derechos vuelven al simbólico escenario del papel y el buen ánimo de la “autoridad” de hacerlos respetar. Claro, tu nuevo país puede llenarse de discursos sobre lo “respetuosos” que son de ley, lo “ejemplares” que son frente al respeto de derechos, y sobre cómo lideran y defienden la “libertad”. Pero tú sabes que no siempre es tan cierto.

Depende, claro que depende. Algunos te exigirán que te acostumbres, que te aguantes, que demuestres que eres digno de integrarte a ese nuevo país. Tus costumbres y tu cultura serán puestos a prueba, muchas veces vistos como amenaza. Incluso si perteneces al estrato que era defensor de las buenas costumbres y de la cultura en tu país de origen. Pero la mirada desconfiada, el dedo que apunta y el miedo al rechazo, o peor aún a ser obligado a regresar a la que otros dicen que es tu patria nunca falta.

Y claro, siempre ha sido así. El extraño siempre genera desconfianza y es un invitado a la hoguera hasta que demuestre que es merecedor de su calor. Y aún así, aunque algo siempre haya ocurrido, no deja de ser incómodo, no deja de ser doloroso, no deja de ser injusto. Que una persona sea menos que otra solo por el color del pasaporte es algo que conviene solo a unos pocos. Podremos inventarnos algunos números y algunos gráficos, al antojo de justificar lo que queremos creer, la batalla puede ser larga y aburrida. Hasta el punto en el que esos números y gráficos lleguen a manos de personas que no los entiendan, pero que los usen como excusa para lo que ellos mismos quieran creer.

Quiero que piensen un par de minutos como un migrante. Sobre todo, como aquellos que aun estando lejos siguen enviando sus recursos a ese país que los rechazó, muchas veces no solo por su familia, sino porque aman a ese territorio, porque lo creen propio, porque hay algún papel o cuadernillo al que se llama pasaporte en algún cajón que dice, o supuestamente dice, que tienes algo que es tuyo en otro lugar. También te dice que, aunque estés lejos, tienes derecho a reclamar para que las cosas se hagan bien, porque hay una parte de ti que dice “si las cosas mejoran podemos volver”.

Y, sin embargo, sabes que para la gran mayoría no hay retorno. Porque los que controlan ese país, que te cerró las puertas, que te negó el abrigo, que se esfuerza en expulsar a tus amigos y familiares, existe para otros y no para ti. Muchos le tienen miedo, porque saben que donde están no son bienvenidos, que cualquier momento a alguien se le ocurre recordarte lo extranjero que eres, que no perteneces ahí, que tu trabajo no es tuyo, sino que se lo robaste a alguien. Muchos se quedan callados por eso.

El silencio es muchas veces el hogar del migrante. Tal vez ese migrante, por experiencia o por mérito propio, sabe cómo solucionar algún problema, ve con angustia que lo que en su patria falló se está repitiendo, pero no debe hablar, porque hablar es un riesgo. “Y si no te gusta, vuelve y cambia en tu propio país no has cambiado”, pero ¿Cómo? ¿Cómo cambias lo que no te dejaron cambiar? Entonces te callas, porque callarse está bien visto en un extranjero.

Ser humano es hablar, es decir lo que no nos gusta. A los animales se les niega el reclamo ¿Y a los humanos? También. Tal vez así se nos recuerda que no dejamos de ser animales. Nos esforzamos en hablar de civilización, de la cultura, de la sociedad y luego, aunque de forma compleja, volvemos a actuar como manada. El migrante no es parte de la manada, entonces no puede hacer uso de los recursos, no puede dar su visión de las cosas, no debe ser parte.

Y, a pesar de eso, el migrante es el ser humano más humano, porque hace aquello que le permitió a la especie sobrevivir y enfrentar los abates de la naturaleza. Se resiste a quedarse en un lugar donde no puede prosperar. Se resiste a dejarse morir en la angustia de no poder alimentar a sus hijos. Se niega a dejar de soñar. Se niega a verse privado de su humanidad.

Depende, muchos dirán que para ellos no fue así. Muchos dirán que es tomar el camino fácil. Muchos jamás entenderán, pero te pido que, al menos lo intentes.

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El Ecuador, en los últimos años, ha vivido una alarmante escalada de violencia que ha sacudido los cimientos de la sociedad. En el año 2021, el país se estremeció con una serie de eventos violentos que tuvieron lugar en las mega cárceles, dejando un saldo de ocho incidentes sangrientos y la trágica pérdida de 316 vidas (Rueda & Ruiz, 2022).

La excepcionalidad que una vez caracterizó a Ecuador en términos de seguridad ciudadana se ha desvanecido rápidamente. En este sentido, las ciudades cobran una real importancia en la forma en que se aborda a las ciudades en temas de seguridad. Estas representan un conjunto espaciotemporal de multicapas que difícilmente se pueden gestionar con los instrumentos tradicionales de la planificación urbana. Son necesarias nuevas herramientas que tengan en cuenta que el espacio urbano no es sólo un espacio construido, sino también un enredo de relaciones sociales y económicas, políticas y administrativas, caracterizadas por la volatilidad, la inestabilidad, la temporalidad y las tensiones sociales, ahora también a la digitalización y a la brecha digital (Quintanilla, 2022). La forma en que se planifica el espacio público, considerando la apropiación del espacio y el derecho a participar son pilares para que una ciudad sea más segura para todos y todas.

Para el caso de las mujeres, con frecuencia, el contexto de la ciudad, las imita en el uso del espacio y su participación en el ámbito privado y público. Por tanto, es esencial el análisis de las relaciones de poder en ambas esferas que, a su vez, restringen el sentido de pertenencia, de libre movimiento y uso del espacio de grupos vulnerables.

Purcell, (2003) explica la existencia de dos derechos fundamentales basados en el “Derecho a la Ciudad” de Henri Lefebvre, libro publicado en 1969: el derecho a apropiarse de los espacios urbanos, relacionado al uso del espacio, que transforma la ciudad con el “día a día” de sus habitantes. Y el derecho a participar, que implica un rol significativo de las personas en los procesos de toma de decisiones de la creación y transformación del espacio urbano en diferentes escalas.

El enfoque de género induce a analizar las relaciones de poder entre hombres y mujeres con el propósito de reconocer las inequidades e injusticias que se derivan de los patrones culturales establecidos. Estos determinan la subordinación de la mujer y le limitan alcanzar su autonomía. Esta visión es importante incluirla para poder distinguir las formas en las que se utilizan los espacios domésticos y urbanos y las estrategias de apropiación puestas en marcha por sus habitantes, teniendo en cuenta diferentes perfiles de usuario (en función de su edad, diversidad funcional, género, etnia, clase, capacidad económica, etc.). Pues, según las diferencias entre roles y perfiles, el espacio público es usado para diversas actividades.

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Las tragedias en las cárceles revelen una dura realidad del país, el 27 de septiembre de 2021, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) reveló los nombres de los 106 individuos fallecidos en ese fatídico día. Entre los datos más desgarradores se destacó que la abrumadora mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes. Las cárceles ecuatorianas se han convertido en terreno fértil para la proliferación de la delincuencia, donde la falta de políticas efectivas de rehabilitación y reeducación deja a los reclusos atrapados en un ciclo vicioso de extorsión, terror y miedo.

En palabras de Rita Segato, estos espacios se convierten en verdaderas escuelas de violencia (Molina Galarza, 2023). Además de ello, estar en las cárceles no es gratuito, tiene un costo que recae no nicamente en los hombros de los encarcelados, sino también en sus familiares, quienes deben afrontar la abrumadora carga económica asociada; desde $124 hasta $251 eran necesarios para cubrir gastos básicos como alimentos, artículos de aseo e higiene, y una visita al mes (Rueda & Ruiz, 2022). Además, se enfrentan a la presión adicional de procurar recursos o trabajo para garantizar la “seguridad interna” de sus seres queridos tras las rejas. Este peso recae mayoritariamente en mujeres: madres, hermanas, hijas y parejas, en medio de un sistema penitenciario despiadado e injusto.

Según el informe de la Policía Nacional, la infiltración de niños y adolescentes en el mundo del narcotráfico comienza temprano, donde inicialmente se ven atraídos por el consumo de drogas que promete una felicidad instantánea. Posteriormente, una vez adictos a las drogas, son reclutados para participar en el microtráfico, lo que les permite obtener ingresos significativos de hasta 150 a 200 dólares diarios simplemente caminando por las calles, una cantidad que no solo les permite financiar sus adicciones, sino que supera fácilmente el salario básico en Ecuador en menos de dos días (Peñaherrera, 2021).

También, la influencia seductora de las vidas cinematográficas de los “patrones”, “capos”, “padrinos” o “jefes” (Sotomayor Torres, 2014) encuentra su raíz en las características psicopáticas de estos personajes, como lo señala el concepto de homo videns. Esta fascinación por el estilo de vida glamoroso y aparentemente exitoso de los narcotraficantes contribuye a la atracción de los jóvenes hacia este mundo peligroso y
criminal.

El país ha emergido como un objetivo para las mafias albanesas, como señala el diario británico The Telegraph, donde se han reportado la promoción y operación de escuelas de sicarios en lugares como Pascuales, Guayaquil, destinadas a niños desde los 10 años de edad. Estas “escuelas” instruyen a los jóvenes en el manejo de armas, la identificación de objetivos y las técnicas de asesinato (Telegraph, 2022). Los individuos más susceptibles a ser reclutados son aquellos que carecen de estructuras familiares y recursos económicos, lo que los hace más vulnerables a las ofertas de las organizaciones criminales.

Los jóvenes que son adoctrinados en las escuelas de sicariato internalizan una construcción de masculinidad que deshumaniza a las personas y otorga un valor jerárquico a los objetos, los cuales son los únicos considerados relevantes en su escala de prioridades. Se observa un cambio en la construcción de la masculinidad, desplazándose de un ideal de “superhéroe” protector hacia un nuevo modelo de “supercapo” centrado en el individuo, su deseo y su poder. Para estos jóvenes, el líder de la banda se convierte en una figura paternal y el grupo delictivo en una suerte de familia protectora, lo que refuerza aún más su identidad y sus aspiraciones en el mundo del crimen organizado.

La crisis del cuidado en el entorno familiar no solo tiene implicaciones directas en la salud mental individual, sino que también contribuye a la vulnerabilidad de los individuos, especialmente de los niños y adolescentes, quienes buscan en otros lugares, como las pandillas, el cobijo y la protección que no encuentran en el hogar. La búsqueda de identidad y pertenencia lleva a muchos jóvenes a encontrar refugio en las pandillas, donde se les ofrece una sensación de protección que no encuentran en el entorno familiar. Estos grupos delictivos, a menudo liderados por figuras que, mediante el ejercicio del poder, ejercen un rol paternal, llenan el vacío dejado por la ausencia de cuidado y apoyo en el hogar. Sin embargo, esta falsa sensación de seguridad viene acompañada de una adhesión a un sistema de valores distorsionado y peligroso, donde la violencia y la delincuencia se convierten en la norma.

En un entorno donde la corrupción y la violencia son parte cotidiana de la vida, la sensación de falta de esperanza en un futuro mejor se arraiga profundamente en la psique colectiva de los jóvenes envueltos en este mundo. Ante la incertidumbre y la inseguridad, las personas encuentran consuelo y certeza en vivir el momento presente con intensidad, ya que es lo único que parece seguro en un mundo marcado por la volatilidad y el riesgo constante. En este contexto, la figura de los capos del crimen organizado se erige como un símbolo de éxito y poder, a pesar de sus finales trágicos y desfavorables. Aunque muchos de ellos terminan extraditados, asesinados o cumpliendo largas condenas, su capacidad para alcanzar y mantener el poder en un mundo dominado por la corrupción y la violencia es admirada por aquellos que buscan
una salida a su propia desesperanza.

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La seguridad humana se relaciona estrechamente con los conceptos de derechos humanos, desarrollo y seguridad. El término también hace referencia a la noción de “vulnerabilidad mutua”. En este sentido, la reducción del riesgo colectivo debería ser una meta fundamental de la seguridad humana, reconociendo que mientras exista vulnerabilidad en los sectores más desfavorecidos, toda la sociedad permanece en riesgo.

Actualmente, Ecuador enfrenta un contexto de inseguridad evidenciado por las frecuentes declaraciones de estados de excepción como mecanismo para proteger a la población. En este escenario, las mujeres, debido a su condición de género, emergen como un grupo de alta vulnerabilidad y, desde esta perspectiva, demanda la implementación de políticas específicas que aborden su situación y necesidades. Es fundamental adoptar un enfoque integral que aborde las desigualdades de género y promueva la seguridad y el bienestar de todas las mujeres en el Ecuador. Esto implica no solo medidas de protección, sino también iniciativas que fortalezcan la participación y la capacidad de toma de decisiones de las mujeres en la comunidad.

La seguridad humana se compone tanto de la protección como de la potenciación de las personas. Mientras la protección busca aislar a las personas de los peligros, la potenciación les permite alcanzar su máximo potencial y participar plenamente en la toma de decisiones. Ambos aspectos se complementan y son esenciales para garantizar la seguridad integral de las personas. El enfoque de seguridad humana va más allá de la ausencia de conflictos violentos, abordando también los efectos de la violencia indirecta, como la privación de necesidades básicas, las desigualdades sociales y de género, las enfermedades, los desastres naturales y el desplazamiento de poblaciones.

La seguridad ciudadana tiene como base la epistemología de la seguridad humana para bienestar de todas personas (Ruedas 2003). En las reflexiones de los profesionales, se destaca la importancia de una estrecha colaboración entre las dependencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s), la participación activa de la ciudadanía y el involucramiento de otras organizaciones de interés público para garantizar la seguridad ciudadana. Es fundamental que las políticas de seguridad estén orientadas hacia un enfoque humanocentrista, especialmente enfocado en la protección de las mujeres y las niñas, con el objetivo de asegurar la convivencia pacífica tanto en áreas urbanas como rurales. Esto implica crear entornos seguros en las ciudades, donde se busque activamente erradicar cualquier forma de violencia.

Además, es crucial implementar un conjunto de medidas democráticas destinadas a salvaguardar tanto la seguridad de los ciudadanos como la integridad de sus propiedades. En última instancia, el objetivo de la seguridad ciudadana es permitir que las personas vivan libres de temor y amenazas, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de sus derechos humanos.

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RADIOGRAFÍA DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO:

Niñas (infancias):

• 2014 – 2023: NNA en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género con un TOTAL APROXIMADO: 1533
• 2020: 15 niñas y adolescentes y 6 menores de 6 años. Al menos 98 NNA en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género. 
• 2021: 11 niñas y adolescentes. Al menos 161 NNA en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género. 
• 2022: 8 niñas y adolescentes. Al menos 245 NNA en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género. 
• 2023: 25 niñas y adolescentes. Al menos 153 en orfandad por femicidios o muertes violentas basadas en género. 
• Bebé (de género femenino) de 7 meses en Quinindé, 2022. Su progenitor, quien es policía, pagó para que la asesinaran por no pasar pensión alimenticia.
• Dana Ramos, niña de 8 años en Riobamba, 2024. Su progenitor la secuestra y asesina, también policía, se presume que es por extorsión a la abuela de la niña y por no pasar pensión alimenticia.
• Brianna, niña de 3 años y Génesis, niña de 10 años en Tulcán, 2023. Ex conviviente de su mamá, también asesinada por violencia de género -femicidio-, es el principal sospechoso.

Mujeres en todas sus diversidades:

• 2020: un femicidio cada 72 horas. Fueron 111 muertes violentas de mujeres por razones de género, 6 transfemicidios y 1 por maltrato infantil a una niñA. TOTAL: 118
• 2021: un femicidio cada 44 horas. Fueron 128 muertes violentas de mujeres por razones de género, 8 transfemicidios y 67 por delincuencia organizada. TOTAL: 197
• 2022: un femicidio cada 26 horas. Fueron 134 muertes violentas de mujeres por razones de género, 9 transfemicidios y 189 por delincuencia organizada. TOTAL: 332
• 2023: un femicidio cada 27 horas. Fueron 113 muertes violentas de mujeres por razones de género, 14 transfemicidios y 150 por delincuencia organizada. TOTAL: 277

Violencia política:

• Existe violencia política contra la vicepresidenta  Verónica Abad por parte del Pdte. Daniel Noboa. Quizás no se pueda determinar que es una basada en género; sin embargo, nos preguntamos si el escenario cambiaría frente a una segunda autoridad de género masculino. 
• El asesinato al estilo sicariato de la concejala Diana Carnero en el Cantón Naranjal – Guayas, es un acto deplorable que no solo enluta a su familia y comunidad, sino que también constituye un ataque directo a la democracia y al ejercicio legítimo de la representación política. Este crimen, perpetrado en medio de un estado de excepción militarizado, expone la falacia de un supuesto plan de seguridad vacío y revela la urgente necesidad de políticas efectivas para combatir la violencia en todas sus formas.
• Es fundamental que como sociedad reconozcamos la gravedad de estos acontecimientos y asumamos la responsabilidad colectiva de detener esta espiral de violencia política. No podemos permitirnos ser testigos pasivos de la erosión de nuestras instituciones democráticas ni tolerar que el miedo y la intimidación se conviertan en herramientas comunes en el ejercicio del poder.

Cada acto de violencia política, ya sea directo o indirecto, mina la confianza en nuestras instituciones y socava la participación ciudadana en el proceso democrático. Debemos reafirmar nuestro compromiso con los valores de la democracia, la justicia y el respeto por los derechos humanos, y exigir que quienes ocupan cargos de liderazgo actúen con integridad y responsabilidad.

Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo estos crímenes y que se aplique la justicia de manera transparente y equitativa. Además, es necesario implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia política, incluyendo la promoción de una cultura de diálogo y tolerancia, así como la protección adecuada de los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios.

Solo a través del compromiso activo y la solidaridad colectiva podemos construir una sociedad donde la violencia política sea un triste recuerdo del pasado y donde todas las personas puedan participar libremente en la vida política y social sin temor a represalias. Es hora de unirnos en contra de la violencia y trabajar juntos para construir un futuro más justo y pacífico para todos.

Violencia estructural:

• El Ejecutivo y la Asamblea Nacional constantemente emiten actos normativos que vulneran los derechos de todes, pero en especial, a quienes sostienen la economía circular y las tareas de cuidado. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se ven constantemente afectados por las prácticas en contra de la economía de las personas menos favorecidas. Sean por decisiones respecto a tributos o por reformas laborales que terminan precarizando la vida aún más.
• El Ejecutivo y sus estados de excepción sin una estrategia real de seguridad donde las personas más invisibles para los ojos del poder seamos el centro de la atención y diseño de las políticas públicas. Una ciudad segura para una niña, es un lugar seguro para todes.
• La Asamblea con las reformas al COIP que permitirá impunidad sobre casos de femicidios, que no quiere incluir el tipo penal de feminicidio cuando los números demuestran la responsabilidad estatal por acción y omisión al no asegurarnos una vida libre de violencias.

Si observamos los datos que han sido extraídos de la página de la Fundación Aldea -quienes hacen un trabajo arduo para visibilizar las violencias sobre los cuerpos feminizados y de las infancias-, son solo ejemplos porque reconocemos y denunciamos que siempre existirá un sub registro al no contar con una sistematización nacional de las desapariciones y delitos en materia de género, luego, porque es casi imposible acceder al sistema de justicia.

El acceso a la justicia es cada vez más inhumano y para sostener un proceso legal  se necesitan recursos financieros, pero también “sociales” para generar incidencia en la rapidez de los casos. Sobre la violencia política, es importante destacar que la discriminación y la intimidación dentro de la esfera política no solo vulneran los derechos de las personas involucradas, sino que también debilitan la institucionalidad democrática y el funcionamiento adecuado del Estado.

Nuestro compromiso con la justicia, la igualdad y los cuidados nos impulsa a actuar, a levantar la voz y a trabajar incansablemente por un futuro más justo, seguro y empático. Con estos datos, una vez más hacemos un llamado a quienes quieran ser parte de la reconstrucción social, de la unificación del tejido social, de la erradicación de las violencias y de ejercer la vida desde cada espacio con #TernuraRadical.

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El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto indirecto sobre el consumo derivado de la compra de bienes o de servicios profesionales. Es un impuesto que repercute sobre el consumidor o la consumidora final.

El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto que grava el valor de la transferencia o importación local de bienes muebles, en todas las etapas de su comercialización, y sobre el valor de los servicios prestados. El IVA lo deben pagar todas las personas y empresas que presten servicios y transporten o importen bienes.

Es decir, que no se calcula con base en los ingresos de los contribuyentes de forma directa, si no con base en el costo del producto que cada consumidor paga de acuerdo con la legislación vigente, las personas físicas y morales, que están obligadas a pagar IVA, son quienes realizan las siguientes actividades comerciales: a) enajenación de bienes, es decir, venta y adquisición de productos; b) prestación de servicios de forma independiente; c) arrendamiento de bienes; y, d) importación de bienes o servicios.

El incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un país puede ser una medida tomada por el gobierno para aumentar los ingresos fiscales y reducir el déficit presupuestario. Sin embargo, es importante señalar que el incremento del IVA puede tener implicaciones directas en el costo de vida de la población, especialmente en los productos y servicios de consumo diario.

En Ecuador, se debate la posibilidad de incrementar tres puntos porcentuales el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, en teoría, con el fin de coadyuvar el enfrentamiento al conflicto armado interno, la crisis social y económica. Si esto se aprueba, entraría en vigencia. el 1 de marzo de 2024.

Pero, ¿qué pasará si el IVA aumenta con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las Mujeres en Ecuador ?

Más allá de un estereotipo, en nuestra realidad que una gran parte de las mujeres ecuatorianas son las principales proveedoras y lideresas de los hogares monoparentales, aquellas mujeres que valientemente –porque sus responsabilidades no son renunciables- son uno de los grupos que se podrán ver más afectados por el aumento del IVA, pues esta medida no solo hará que la vida se encarezca sino que ocasiona un mayor desequilibrio entre el trabajo doméstico –las tareas de cuidado- y sus actividades productivas para llegar a fin de mes.

Para Naciones Unidas Ecuador, en su revista Perfil de País ECUADOR, según Igualdad de Género, manifiesta que, de conformidad con el INEC, (2022) la Población económicamente activa (PEA), que cuenta con un trabajo adecuado en Ecuador, es del 33.9% hasta diciembre del 2021; sin embargo, para diciembre del año 2019, se contaba con el 38.8% y para el año 2014, fue el máximo alcanzado, con un porcentaje del 49.3%. En este contexto la tendencia de deterioro del mercado laboral trae consigo desigualdades de género estructurales (Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, 2022).

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador a través del Instituto de Investigaciones Económicas [PUCE-IIE], (2022, citado por Perfil ECUADOR, 2022), señala que entre el 83% y el 85% de niñas y niños indígenas se encuentran en situación de pobreza multidimensional, siendo el grupo poblacional más empobrecido del país. Referente a personas adultas mayores, el porcentaje de mujeres en situación de pobreza multidimensional es del 58,4%, 52,5% y 20,6% para el caso de montubias, indígenas y afroecuatorianas, respectivamente, mientras que para hombres es el 50,2%, 42,2% y 18% referidos a estos grupos PUCE-IIE, (2022, citados por Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, 2022). Con lo que se evidencia una marcada brecha de género en cuanto al nivel de empobrecimiento y la vulnerabilidad de personas mayores de 65 años.

En situación de pobreza por ingreso económico, se observa un incremento a partir de 2018,  se acelera en 2020 durante la pandemia, luego desciende hasta el 27,7% en 2021. Una vez más, el nivel de pobreza es significativamente mayor en el área rural. Así también la presencia de mujeres en hogares pobres, tiene una incidencia del 28,5% en comparación con el 26,8% en los hombres. El empobrecimiento para el caso de mujeres indígenas y de niñas y adolescentes alcanza el 58% y el 38,4% respectivamente (Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, 2022).

Si bien es cierto que el incremento del impuesto al valor agregado IVA se lo realiza al combustible, muchas de las veces, se ve ampliado hasta los productos de primera necesidad de la canasta básica, lo que causa que las personas que tienen menores ingresos o que se encuentren en estado de pobreza y desempleo, en donde se incluyen a las mujeres, que soportan una carga de tributación mayor, afecte en menoscabar a estos sectores, que presentan mayor vulnerabilidad  y por ende a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con perspectiva de género.

El IVA lo pagamos todas las personas que consumimos un bien o servicio indistintamente sea cual sea su situación económica, por tanto, el IVA es altamente regresivo y no deseado por parte de la población de bajos recursos económicos (Chamba et al., 2019). Para Chamba et al., (2019) este impuesto resulta de fácil recaudación y difícilmente efectivo en el beneficio de la política tributaria, no permite ejecutar una efectiva redistribución de la riqueza. 

Para Chamba et al., (2019) considera que, quien a la final termina pagando este impuesto es el consumidor que en su mayoría es del sector más desfavorecido ya que el intermediario cuenta y lo cubre con el crédito tributario.

En definitiva, El IVA es regresivo en razón de que son las personas de familias de menor ingreso donde se incluyen las mujeres, por su alto porcentaje de incidencia, las que deben destinar gran parte de sus ingresos ajustados para la adquisición de bienes y servicios de consumo, mientras que para los más pudientes les permite ahorrar y acumular riqueza. Así también el IVA es un impuesto indirecto lo paga el consumidor y lo recibe el vendedor. Lo que determina que este impuesto es regresivo e indirecto (Chamba et al., 2019).

Cabe señalar que el incremento del IVA menoscaba los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) con perspectiva de género, en razón de que no cumple con lo que establece la Constitución del 2008, la que en su art. 300 dice claramente textualmente: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”.

• Desventajas Adicionales: Las personas con discapacidad, especialmente aquellas que enfrentan perjuicios adicionales a razón de su género, pueden verse afectadas de manera desproporcionada por cambios en la carga tributaria. El aumento del IVA podría impactar negativamente a las DESCA que dependen de servicios y productos gravados con este impuesto.
• Acceso a Bienes y Servicios: Las DESCA pueden requerir servicios de salud, medicamentos, dispositivos de asistencia y otros bienes específicos. Si el IVA aumenta, el costo de estos productos y servicios también podría incrementarse, dificultando su acceso.

Algo que no se está considerando en la política fiscal del país, es la perspectiva de género para generar una verdadera equidad social. Los DESCA, en particular, pueden enfrentar barreras adicionales debido a su género, como la discriminación en el acceso a empleo, educación y servicios. Cualquier medida fiscal debe tener en cuenta estas desigualdades y garantizar que no se profundicen.

A menudo, las mujeres y las personas de género no conforme experimentan mayores niveles de pobreza y desigualdad, por lo que cualquier aumento en el costo de bienes y servicios puede impactar negativamente su situación. Es importante considerar el impacto de las políticas fiscales en todos los grupos de la sociedad, incluyendo aquellos con perspectiva de género, y buscar formas de mitigar cualquier efecto negativo.

El aumento del IVA en Ecuador tiene implicaciones tanto económicas como sociales, y es crucial que se evalúe su impacto específico en las personas con discapacidad, especialmente desde una perspectiva de género.

Bibliografía

Chamba, L., Colcha, R., Moreno, M. D. C., & Gavilanes, M. (2019). Aporte del IVA a la economía del Ecuador e influencia en la generación de nuevos proyectos de inversión. Visionario Digital, 3(3), 337–347. https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v3i3.889

Sistema de Naciones Unidas en Ecuador. (2022). Perfil de País según Igualdad de Género. Onu, 64.

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La creciente ola de violencia e inseguridad en el territorio ecuatoriano ha provisto de un sinnúmero de actos que atentan contra la integridad y dignidad de las personas que habitan y transitan en Ecuador. Hacemos un llamado al Estado para el establecimiento de políticas públicas que efectivicen el respeto hacia los derechos constitucionales de todas las personas y el restablecimiento del orden público.

Personas que no son parte de grupos delictivos son víctimas colaterales de la situación actual del país y en este contexto es importante mencionar que quienes prestan sus servicios al Estado también suelen ser afectados en el intento de proveer seguridad. Como lo sabemos, varios guías penitenciarios, así como policías, fueron retenidos en algunos CRS del país. Ellos son víctimas de tratos inhumanos y degradantes y en este caso, el Estado también es garante de estos funcionarios.

Pero, ¿cuál es la situación de las personas privadas de libertad (PPL) y los guías penitenciarios en Ecuador?

El enfoque de seguridad humana sobre las personas en privación de libertad (PPL) y las personas guías penitenciarias se basa en la premisa de que la seguridad es un concepto integral que incluye no sólo la protección física de las personas, sino también su bienestar psicológico, emocional y social.

Para cumplir con esta premisa es necesario que los centros de rehabilitación social adopten prácticas basadas en la integridad, dignidad y el respeto por los derechos humanos de quienes prestan servicios allí y asegurar que quienes son parte del Estado cumplan este servicio de manera diligente y ética apegados al marco de los DDHH.  Además, se debe mejorar la comunicación y la colaboración entre las personas guías y las PPL, lo que significa que se debe llevar a cabo una comunicación efectiva y transparente.

Los guías penitenciarios están expuestos a la violencia de las bandas criminales, que los amenazan y los extorsionan. También son víctimas de agresiones físicas y verbales por parte de los PPL.

Los guías penitenciarios reciben un salario bajo y tienen condiciones de trabajo precarias. Además, carecen de la formación y el equipo necesario para desempeñar su labor de manera segura y eficiente.

Derechos vulnerados: la situación de las PPL y los guías penitenciarios en Ecuador vulnera una serie de derechos humanos, entre los que se encuentran:

• El derecho a la vida: Las PPL y los guías penitenciarios son víctimas de violencia, que en algunos casos ha terminado en muerte.
• El derecho a la integridad personal: Las PPL y los guías penitenciarios son víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• El derecho a la salud: Las PPL y los guías penitenciarios no tienen acceso a atención médica adecuada.
• El derecho a la educación: Las PPL no tienen acceso a educación formal ni a capacitación laboral.
• El derecho al trabajo: Las PPL no tienen acceso a un trabajo digno y remunerado.

Conclusiones

La situación de los guías penitenciarios en Ecuador atraviesa una grave crisis de contención, y a pesar que se exige una depuración para valorar a quienes están trabajando bajo las líneas de la ética y los estándares en material de rehabilitación social, también es necesario regresar a observar la obligación que tiene el Estado con sus propios servidores/as públicos/as respecto al servicio que brindan. 

Recomendaciones

• Reducir el hacinamiento: El gobierno debe tomar medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, lo que permitiría mejorar las condiciones de las PPL y el trabajo de las y los guías.
• Fortalecer la seguridad: El gobierno debe retomar la seguridad en las cárceles bajo los principios y estándares de rehabilitación social estableciendo protocolos socializados con las y los guías y también capacitándoles de manera regular.
• Prevenir la corrupción: El gobierno debe tomar medidas para prevenir la corrupción en las y los servidores de los centros de rehabilitación social y establecer prácticas de ética pública.
• Mejorar las condiciones de trabajo: El gobierno debe mejorar las condiciones de trabajo de las y los guías penitenciarios, lo que les permitiría desempeñar su labor de manera más segura y eficiente.

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